Rol de las subastas públicas en el proceso de Privatización

Martes, 18 de junio de 1996

Mesa Redonda No 4

Ponente:

· Ing. Roberto Piol, Vicepresidente Ejecutivo del Area de Inmuebles, Banco Industrial de Venezuela

Panelistas:

· Roberto Vivas Calcaño, Presidente, Banco Venezuela

· Ramón José Medina, Miembro Comisión Permanente de Finanzas. Cámara de Diputados, Congreso de la República

· José Humberto Rincón, Consultor Jurídico, Fondo de Depósitos y Garantía de Protección Bancaria (Fogade)

· Gilberto Carrasquero, Representante en Venezuela, Salomon Brothers, Inc.

Objetivo:

· Determinar qué decisiones claves deberán tomarse para que se obtengan los mejores resultados en el fortalecimiento del sistema financiero venezolano, por la vía de la subasta pública, dentro del proceso de privatización.

Puntos de análisis:

· Mostrar cuál es la vía más adecuada para privatizar los activos financieros en poder del Estado.

· Ventajas y desventajas dentro del actual marco legal y político.

· ¿El proceso de privatización de la banca debe buscar y obtener, el mejor precio o la mejor alternativa para que el sistema financiero se fortalezca y sea competitivo?

Puntos de diálogo surgidos de la Mesa Redonda:

ENTORNO:

En la situación actual de una banca estatizada, es indispensable avanzar en la venta o liquidación de los bienes o activos de las instituciones financieras, que se encuentran en manos del Estado producto de la intervención del sector. Estos activos se están deteriorando a pasos acelerados y ocasionándole pérdidas económicas cuantiosas al patrimonio público. Es necesario tener presente que dentro de un proceso de privatización, no siempre lo más importante es el precio que se logra, sino el mejor negocio que se concreta con lo que se privatiza.

En Venezuela no existía un ordenamiento jurídico, que sirviese de base para que el Estado pudiera avanzar en el proceso de privatización y subasta pública del sector financiero. La Procuraduría General de la República se ha empeñado en precisar toda la fundamentación jurídica que rodea al sistema de transferencia de activos. La Ley de Emergencia Financiera ha permitido un avance en este sentido. Actualmente se han protocolizado 300 bienes inmuebles, de los 800 bienes sujetos a protocolización que existían para diciembre de 1995. Se espera alcanzar una cifra cercana a las 600 para finales de junio, y cerrar el tercer trimestre del año con el resto.

El problema de la titularidad parece que se está superando. Se han cubierto todos los requisitos de acuerdo a la Ley, y las futuras decisiones estarán comprendidas dentro de esta legalidad, incluyendo el empleo de las subastas públicas. Este procedimiento está contemplado en la Ley de Emergencia Financiera y constituye un recurso comercial y jurídico, de visión clara y suficiente para concretar trabajos con base a subastas públicas

El sistema de subasta pública es un acto público sustentado en normas y procedimientos predefinidos y transparentes, que tienen como objetivo evitar distorsiones en el proceso de liquidación de activos que están en manos del Estado. Este sistema es una opción válida.

FACTORES AÚN POR RESOLVER:

1. Dinamizar y aligerar lo máximo posible el sistema de subasta pública, de manera que permita la materialización definitiva de la privatización de los entes públicos. Hasta el momento, el trípode conformado por el ente intervenido-Fogade-Procuraduría no ha sido lo suficientemente dinámico como para que las respuestas dadas se correspondan con las exigencias de la sociedad.

2. Acelerar el proceso de liquidación, reestructuración o privatización de la banca estatizada.

3. Fortalecer el sistema financiero venezolano, y ello sólo va ser posible en la medida que el país disponga de una economía en expansión, en crecimiento permanente. Crecer implica inversiones, y esto sólo puede lograrse vía mercados de capitales extranjeros y vía ahorro interno.

4. Fortalecer el mercado de capitales. Una forma de alcanzar este fortalecimiento, puede estar en el empleo de un sistema de subastas, como recurso transparente en el proceso de colocación, venta y recuperación de recursos por la negociación de bienes afectados por la misma crisis.

5. Clarificar los niveles de riesgo que significa que la venta se dé en función de un mejor postor y no en función del efecto en la eficiencia económica y social.